9.6.11

Pugnas ulteriores: por un mundo posible frente a lo imposible.

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Actualmente el mundo está sumergido en un 'boom' de caos que no es extraño, pues los sistemas (gobiernos, economías, leyes) se tambalean debido a la poca representatividad que hoy tienen en ciudadanos cada vez más inconformes con el orden de cosas que éstos proponen y que imperan.
Las acciones sucedidas en Barcelona y que de alguna manera vienen a ser eco de lo sucedido en Egipto, Siria, Libia y otras naciones de Oriente; han dejado ver al mundo lo disconforme que la sociedad y en conjunto parte de la población del mundo se encuentra en cuanto a la manera como viene siendo gobernado el globo.

El movimiento en Barcelona "Democracia Real Ya" es fiel muestra de ello. Sin embargo para no irnos muy lejos en Colombia existen diversos movimientos, organizaciones y grupos que se manifiestan y se están manifestando en contra del sistema: gobierno, leyes, justicia, economía; que se ha encargado de que el país se siga derrumbando sin alguna solución posible a la vista.

Muchas de las denuncias que actualmente se están haciendo en Colombia por parte de comunidades, colectivos, Ong's y personas del 'común', tienen que ver con las leyes apatridas e inconstituciones del Estado, que están vendiendo y negociando los recursos naturales a filiales y empresas-multinacionales extranjeras. Las principales denuncias - porque son varias -, tienen que ver con el agua, la minería, la agricultura y la combustión.

La represa que Emgesa-Endesa-Enel piensa construir en el Quimbo y la pugna por la Mina La Colosa en el Tolima y su venta a la multinacional Anglogold Ashanti; son dos de las actuales causas por las cuales comunidades, organizaciones y población se han movilizado pidiendo al gobierno respuestas y retracciones en cuanto a las licencias medioambientales que se han expedido autorizando concesiones a multinacionales extranjeras, a desfavor del medio ambiente y los recursos, patrimonio de la nación. Pareciése ser que el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra en una carrera contrareloj concediendo licencias de exploración y explotación de los recursos naturales de nuestro país, sin medir las consecuencias para las poblaciones y los ecosistemas comprometidos con dichas acciones.

Unido a todo esto preocupa la situación de persecución a líderes y comunidad que abandera dichos procesos de 'insatisfacción'. El último de estos sucesos aconteció en el municipio de Dosquebradas (Risaralda) en donde sicarios dieron fin a la vida del docente y activista ambiental Jorge Eliécer de los Ríos quien había hecho ya, varias denuncias en su municipio frente a la minería a cielo abierto que venían desarrollando varías empresas mineras en el Departamento.

En Barcelona y en otras ciudades como París y Valencia, el gobierno frente al descontento y la denuncia civil decidió responder con la fuerza policiva y coercitiva. No es raro que en nuestro país la reacción frente a la denuncia y al pronunciamiento público a la afrenta a nuestros recursos, se esté castigando de la misma manera (recordémos que el TLC está en proceso). No en vano memoremos que la ambientalista Sandra Cuellar - desaparecida en febrero de éste año - como activista había hecho varias denuncias sobre el uso del suelo y el agua por parte de algunos ingenios y había presentado procesos jurídicos formales a multinacionales del papel.

Lo anterior - como hoy lo asegura el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia frente a la amenaza en la que se encuentran algunos líderes y promotores de Derechos Humanos en Colombia -, muestra un panorama de persecución y acallamiento frente a la denuncia, tal como sucediera con la líder de víctimas Ana Fabricia Córdoba en Medellín éste martes pasado.

Todo esto sumado al debate aprobado en el Congreso en cuanto a la descentralización de las regalías dimensiona que éste gobierno está muy interesado en vender y negociar con los recursos naturales del país y para ello, crea y acuerda leyes (como la impuesta a principios de este año a las CAR's) que permite el montaje de esquemas que privilegian la explotación y abuso del medio ambiente.

Parece ser que el silencio en el gobierno de Santos se está rompiendo y que estamos a portas de la Doctrina de Seguridad, que a gran escala quiere imponer Vargas Lleras. Que los tiempos de la represión y la vigilancia habían acabado, es pura mentira o fue una cortina de humo que empieza a esfumarse. La ley que propone la vigilancia en internet con la excusa del cuido de los derechos de autor tiene como objeto montar todo un esquema de vigilancia por los puertos IP a los usuarios en Internet. Algo así como: identificar posibles escaramusas de grupos organizados en Facebook o en Twitter que busquen desestabilizar el 'orden' y la 'paz', tal como ha sucedido en otros gobiernos de occidente y oriente. No olvidemos que Santos tiene parte en las chuzadas del DAS, pues era Ministro en aquel entonces.

La idea entonces es no callar. Así como lo manifestado en Barcelona, Trípoli y otras ciudades del mundo; es menester de todos hacer exigibilidad de nuestros derechos y de nuestros recursos. Si el gobierno existe es porque somos nosotros mismos quienes los hemos elegido y entonces, seremos nosotros mismos quienes debemos dictaminar su caída.

1 comentario:

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